Asignación de contratos especiales de operación de litio en el marco de la Estrategia Nacional del Litio
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Resumen
En el contexto de la transición energética global y el auge de la electromovilidad, el litio ha adquirido una centralidad estratégica para Chile. El país concentra las mayores reservas mundiales de este mineral y posee ventajas competitivas indiscutibles en sus salares de alta ley y bajo costo relativo. Sin embargo, esta potencialidad no ha sido suficiente para mantener el liderazgo como el mayor país productor de litio, título que perdió en 2016.
Al centro de esta paradoja está el marco regulatorio e institucional de este mineral, establecido principalmente en el Decreto Ley 2.886 de 1979 (“DL 2.886”), que declaró al litio como un mineral reservado al Estado, sustrayéndolo del régimen general de libre concesibilidad aplicable a los demás minerales. Este marco regulatorio —vigente desde 1979 y pensado para un mundo que ya no existe— ha generado incertidumbre, frenado la inversión y dificultado la compatibilización entre derechos mineros preexistentes y nuevas iniciativas orientadas al desarrollo de este recurso crítico.
A partir de 2023, el Gobierno de Chile impulsó la Estrategia Nacional del Litio, buscando destrabar el estancamiento y abrir nuevas oportunidades para el sector privado, pero sin modificar el marco jurídico vigente. La puesta en práctica de este esquema, sin embargo, ha revelado importantes desafíos jurídicos, vacíos normativos y conflictos prácticos que amenazan la efectividad del proceso.
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